Gran despliegue naval estadounidense en torno a Venezuela
El gobierno del entonces presidente Donald Trump concentró una extensa flota de buques de guerra en aguas cercanas a Venezuela, incluida la presencia del portaaviones más avanzado de la Marina de Estados Unidos. Este dispositivo militar, descrito como el mayor en América Latina en décadas, se enmarca en una operación contra embarcaciones señaladas por Washington de transportar narcóticos para cárteles de la droga.
Según la Casa Blanca, desde principios de septiembre las fuerzas estadounidenses han ejecutado al menos 22 ataques letales en el Caribe y el Pacífico oriental, con un saldo de al menos 87 muertos. Trump defendió la campaña como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y calificó la situación como un “conflicto armado” contra los cárteles.
La acumulación de poderío militar alimentó especulaciones sobre un posible empleo de estas fuerzas en operaciones terrestres. El propio Trump llegó a sugerir que “los ataques terrestres están al caer”, sin precisar dónde ni bajo qué condiciones.
Acusaciones cruzadas entre Washington y Caracas
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha sostenido que el verdadero objetivo de las operaciones estadounidenses es forzarlo a abandonar el poder. Caracas interpreta el despliegue naval y los ataques a embarcaciones como parte de una estrategia de presión militar y política.
En respuesta al avance de la operación, el gobierno venezolano anunció una movilización “masiva” de tropas y voluntarios para dos días de maniobras militares, presentadas como un ejercicio para reforzar la defensa ante la presencia de fuerzas estadounidenses en la región. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que el ejército venezolano está “más fuerte que nunca en su unidad, moral y equipamiento”.
De cárteles a “organizaciones terroristas”: el giro jurídico
El inicio de la campaña se remonta a una orden ejecutiva firmada por Trump que permitió designar a organizaciones criminales y cárteles de la droga como “organizaciones terroristas extranjeras”. Entre ellas se incluyó al Tren de Aragua, una banda originaria de Venezuela.
Posteriormente, la Casa Blanca formalizó la designación de ocho grupos criminales latinoamericanos bajo esta categoría, una etiqueta que tradicionalmente se reservaba para organizaciones como Al Qaeda o el Estado Islámico, caracterizadas por emplear la violencia con fines políticos.
La comunidad de inteligencia estadounidense ha cuestionado la tesis central del gobierno de Trump de que el Ejecutivo de Maduro cooperaba con el Tren de Aragua y coordinaba el tráfico de drogas y la migración ilegal hacia Estados Unidos.
Cronología de los ataques contra embarcaciones
Con el despliegue ya en marcha —incluidos tres destructores con misiles guiados, buques de asalto anfibio, alrededor de 6,000 marineros y marines, así como aviones F-35 en Puerto Rico y un submarino con misiles de crucero frente a Sudamérica— comenzaron los ataques contra embarcaciones señaladas de narcotráfico.
El primer operativo, según Trump, tuvo como objetivo un buque que habría zarpado de Venezuela y estaría operado por el Tren de Aragua. El presidente afirmó que las 11 personas a bordo murieron y difundió un breve video de una embarcación explotando en llamas.
En las siguientes semanas, el Pentágono y la Casa Blanca informaron de una sucesión de ataques similares en el Caribe y el Pacífico oriental. Entre ellos destacan:
- Un segundo ataque en el que murieron tres personas en un barco presuntamente cargado con drogas.
- Un tercer ataque con otras tres víctimas mortales, en el que, según Trump, la inteligencia “confirmó” la implicación de la embarcación en el tráfico de narcóticos.
- Un cuarto operativo, ordenado por el secretario de Defensa Pete Hegseth, contra una pequeña nave en la que murieron cuatro hombres.
- Un quinto ataque, con seis muertos, contra un barco acusado de transportar narcóticos por una ruta considerada clave del narcotráfico.
- Un sexto ataque en el Caribe, con dos fallecidos y dos sobrevivientes, que posteriormente fueron enviados a Ecuador y Colombia para su “detención y enjuiciamiento”, según Trump.
- Un séptimo operativo contra una embarcación que, de acuerdo con Hegseth, trasladaba “cantidades sustanciales de narcóticos” y estaba asociada al Ejército de Liberación Nacional (ELN), con tres muertos.
A partir de ese momento, la campaña se extendió de forma sostenida hacia el Pacífico oriental, una zona por donde transita gran parte de la cocaína producida en Sudamérica. Se registraron ataques sucesivos —incluidos el octavo, noveno y décimo— con varios muertos en cada operación, entre ellos un incidente en el que el Pentágono atribuyó nuevamente el control de la embarcación al Tren de Aragua.
En otro bloque de incursiones, Hegseth reportó tres ataques adicionales en el Pacífico oriental con 14 fallecidos y un sobreviviente, cuyo rescate quedó en manos de las autoridades mexicanas. Posteriormente se informó de más acciones letales, hasta alcanzar al menos 22 ataques conocidos y el despliegue en la zona del portaaviones USS Gerald R. Ford como parte de la denominada “Operación Lanza del Sur”. La llegada del Ford elevó a unas 12,000 las tropas estadounidenses en casi una docena de buques.
Dudas legales, pugna en el Congreso y críticas internacionales
El uso reiterado de fuerza letal sin una declaración formal de guerra generó crecientes interrogantes en el Congreso de Estados Unidos. Varios senadores demócratas enviaron una carta a la Casa Blanca alegando que el gobierno no había proporcionado “ninguna justificación legal legítima” para el primer ataque, y figuras como Jack Reed advirtieron que el ejército no estaba autorizado a “dar caza a presuntos delincuentes y matarlos sin juicio”.
La controversia se intensificó cuando salió a la luz un memorando, obtenido por The Associated Press, en el que la administración Trump declaraba a los cárteles “combatientes ilegales” y sostenía que Estados Unidos se encontraba en un “conflicto armado” con ellos. Legisladores de ambos partidos, entre ellos el republicano Rand Paul, cuestionaron el alcance de esa interpretación de los poderes de guerra del presidente.
En paralelo, se denunciaron problemas de transparencia. El representante demócrata Adam Smith calificó de inusual la salida anticipada del almirante Alvin Holsey del mando del Comando Sur en medio de la campaña y criticó la “asombrosa falta de transparencia” de la administración para informar de forma significativa al Congreso sobre el uso de fuerza letal.
Mientras tanto, el Senado vivió votaciones divididas sobre iniciativas que buscaban exigir autorización legislativa previa para nuevos ataques militares o limitar la capacidad de Trump para ordenar una operación en territorio venezolano. En ambas ocasiones, los republicanos bloquearon las propuestas.
Las dudas también alcanzaron al ámbito internacional. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió una investigación sobre los ataques. Su oficina instó a Washington a detener las operaciones y a “tomar todas las medidas necesarias para evitar el asesinato extrajudicial de personas a bordo de estos barcos”.
Operaciones encubiertas y horizonte incierto
En medio de la escalada, Trump confirmó que había autorizado a la CIA a realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela y dijo estar considerando posibles operaciones terrestres en el país, aunque se negó a precisar si la agencia estaba facultada para actuar directamente contra Maduro.
Con el portaaviones USS Gerald R. Ford ya en el Caribe y la “Operación Lanza del Sur” consolidada como una demostración sin precedentes del poder naval estadounidense en la región, el futuro de la campaña —y su marco legal y político— permanece en el centro del debate interno en Washington y de la tensión diplomática con Caracas.
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