Presupuesto 2026 tensiona negociación por reajuste del sector público
En el marco de la discusión del Presupuesto 2026 en el Congreso, el Gobierno se prepara para una negociación clave con los gremios del sector público por el reajuste de remuneraciones. La definición de este incremento salarial se ha transformado en uno de los principales focos de tensión política y social asociados a la tramitación del erario del próximo año.
La controversia surge luego de que se instalara la posibilidad de mantener durante 2026 los sueldos de los funcionarios del Estado en los mismos valores nominales de 2025, medida vinculada al objetivo de consolidar un mayor ahorro y disciplina en las cuentas fiscales.
Prudencia fiscal versus demandas salariales
El Presupuesto 2026 incorpora explícitamente el concepto de “prudencia fiscal”, lo que, según ha trascendido en la discusión presupuestaria, se traduciría en un fuerte énfasis en el control del gasto público. Una de las medidas consideradas es la mantención de las remuneraciones del sector público “en valores nominales 2025”, es decir, sin un aumento que compense el alza del costo de la vida.
Este enfoque ha generado inquietud en las organizaciones de trabajadores estatales, que advierten que un congelamiento de los salarios en términos reales implicaría que el ajuste fiscal se financie, en parte, con el deterioro del poder adquisitivo de los funcionarios.
Rechazo de los gremios a un ajuste a costa de los salarios
Los gremios del sector público han manifestado su oposición a cualquier fórmula de ahorro que recaiga sobre sus remuneraciones. De acuerdo con sus voceros, mantener los sueldos sin variación real equivaldría a trasladar a los trabajadores el costo de la consolidación fiscal.
“No permitirán que el ahorro fiscal sea a costa de sus salarios”, han advertido las organizaciones de funcionarios públicos.
La inquietud se agudizó en octubre, cuando la posibilidad de congelar los sueldos encendió las alertas entre las asociaciones del sector. Estas calificaron como “inaceptable” la idea de que los empleados públicos “paguen los costos” derivados de la necesidad de ajuste en las cuentas del Estado.
En la misma línea, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Manuel Díaz, ha señalado que los funcionarios “no deben pagar los ajustes del Estado” y que sería inaceptable cerrar la negociación sin un incremento real de las remuneraciones.
Rol de la CUT y definición del petitorio
Hasta ahora, las demandas formales del sector público aún no han sido presentadas en su totalidad. Se espera que la CUT entregue los lineamientos centrales del petitorio, lo que permitirá al Ejecutivo conocer con mayor precisión las expectativas y exigencias de los trabajadores del aparato estatal.
La definición de estos requerimientos será determinante para la negociación que se avecina, tanto en términos de cifras como de plazos, y marcará el tono del diálogo entre el Gobierno y las organizaciones gremiales en las próximas semanas.
Gobierno apuesta por el diálogo y un acuerdo
Desde el Ejecutivo, se ha insistido en la voluntad de alcanzar un entendimiento con los representantes del sector público. El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, expresó confianza en que el proceso se desarrolle en un marco de diálogo constructivo.
“Nosotros como Ejecutivo vamos a evaluar el petitorio y para la próxima semana están planificadas reuniones de trabajo, donde vamos a empezar la negociación de la mesa del sector público”, señaló el secretario de Estado.
Consultado sobre la posibilidad de que la discusión sea especialmente compleja, Boccardo evitó adelantar juicios, argumentando que aún no se conocen en detalle las demandas que presentarán los funcionarios. Sin embargo, recalcó que la trayectoria de estas instancias de negociación ha estado marcada por el intercambio y la búsqueda de acuerdos.
“Durante todos estos años, lo que ha siempre primado es el diálogo social y la capacidad de ir construyendo acuerdos. Esperamos que esa también sea la tónica de esta negociación”, subrayó.
Impacto político y proyección de la negociación
El resultado de la discusión sobre el reajuste al sector público no solo tendrá implicancias económicas para los funcionarios, sino también efectos políticos para el Gobierno. La forma en que se compatibilicen las metas de prudencia fiscal con las demandas salariales podría incidir en la percepción ciudadana sobre la conducción económica.
Asimismo, el desenlace de esta negociación será relevante en el Congreso, donde el Ejecutivo requiere asegurar apoyos para aprobar el Presupuesto 2026. Un conflicto agudo con los gremios podría complejizar las votaciones y tensionar aún más el ambiente legislativo en torno al erario del próximo año.
En los próximos días y semanas, la presentación del petitorio del sector público y el inicio formal de las conversaciones con la mesa de negociación permitirán delinear con mayor claridad los márgenes de acuerdo posibles entre el Gobierno y los trabajadores estatales.
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