Mesa del Sector Público fija posición ante el Gobierno
Las 16 organizaciones sindicales que conforman la Mesa del Sector Público definieron su petitorio para la próxima negociación de reajuste con el Ejecutivo, correspondiente al período diciembre de 2025 a noviembre de 2026. El documento, elaborado en coordinación con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), establece como eje central un reajuste real de 2,0% a las remuneraciones de los trabajadores del Estado.
La propuesta se presenta en un contexto marcado por la recomendación de una comisión asesora que sugirió congelar los salarios del sector público en sus valores nominales de 2025, como parte de un conjunto de medidas para contener el crecimiento del gasto fiscal. Las organizaciones de funcionarios han manifestado su rechazo a esta alternativa, señalando que el ajuste de las cuentas públicas no debe recaer sobre sus ingresos.
Reajuste general y cobertura de la propuesta
El petitorio plantea que el reajuste real de 2,0% se aplique a todos los funcionarios públicos, sin distinción del marco laboral que los rige. Esto incluye a trabajadores del Gobierno Central, municipalidades, universidades y otros organismos públicos, así como al personal a honorarios que desempeña funciones regulares.
Con esta propuesta, la Mesa del Sector Público busca un incremento que compense la pérdida de poder adquisitivo y que, a la vez, represente una señal política frente a la sugerencia de congelamiento salarial. Las organizaciones sostienen que el reajuste debe ser universal dentro del sector estatal, con el fin de evitar segmentaciones entre distintos tipos de contratación.
Bono mensual para ingresos más bajos
Entre las medidas complementarias, el documento propone la entrega de un bono mensual focalizado en los trabajadores de menores remuneraciones. Este beneficio estaría dirigido a quienes perciban un sueldo bruto inferior a $798.015 por una jornada completa.
Para el tramo más bajo, correspondiente a una remuneración de $705.768, el bono mensual propuesto es de $63.502. En el caso de quienes reciban una remuneración bruta superior a $705.768 e inferior a $798.015, el monto del bono se calcularía de manera decreciente.
El texto especifica que el beneficio será equivalente a la diferencia entre el aporte máximo de $63.502 y un valor determinado por el 68,839% de la diferencia entre la remuneración bruta mensual y $705.768.
Para quienes trabajen en jornada parcial, el bono se otorgaría de forma proporcional a las horas contratadas.
Pisos mínimos de remuneración por estamento
El petitorio incorpora, además, la definición de sueldos mínimos para distintos estamentos del sector público. Las organizaciones proponen que la remuneración mínima para auxiliares sea de $591.483; para el personal administrativo, de $658.265; y para técnicos, de $700.241.
Estos montos se presentan como pisos salariales con el objetivo de reducir brechas internas y asegurar niveles básicos de ingreso para funciones consideradas esenciales dentro de la administración pública.
Estabilidad laboral y beneficios permanentes
Otro eje central del documento apunta a la estabilidad en el empleo y a la consolidación de beneficios ya existentes. Las organizaciones solicitan que los artículos que regulan beneficios permanentes sean traspasados a normas de carácter estable, evitando que deban ser renovados cada año vía leyes de presupuesto u otros instrumentos transitorios.
Asimismo, demandan que los oficios circulares del Ministerio de Hacienda relativos a la renovación de contratas sean ratificados y elevados al rango de reglamentos, con el fin de otorgar mayor certeza a los trabajadores que se desempeñan bajo esta modalidad.
En paralelo, se pide al Gobierno informar sobre los avances en la regularización de trabajadores a honorarios, un segmento que mantiene condiciones contractuales más precarias pese a realizar funciones continuas y permanentes.
Jornada de 40 horas y otros puntos del pliego
La Mesa del Sector Público también exige al Ejecutivo cumplir los compromisos previamente asumidos respecto de la transición hacia una jornada laboral de 40 horas semanales en el sector estatal. De acuerdo con las organizaciones, las discusiones en esta materia se han dilatado, lo que interpretan como falta de proactividad para implementar uno de los compromisos centrales del programa de Gobierno.
El documento reitera, además, el rechazo de las organizaciones al proyecto de ley que modifica el Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL). Las agrupaciones piden expresamente que el Gobierno retire la iniciativa del Congreso Nacional y abra un proceso de diálogo con los gremios para abordar eventuales cambios al sistema.
Entre las demás solicitudes, figura la ampliación del derecho a sala cuna para todos los funcionarios públicos, tanto de organismos centralizados como descentralizados, con el objetivo de fortalecer la conciliación entre la vida laboral y familiar.
Negociación en un escenario de debate presupuestario
La preparación de este petitorio se produce en paralelo al debate legislativo del Presupuesto 2026, lo que incrementa la tensión entre las demandas sindicales y las restricciones fiscales que enfrenta el Gobierno. La discusión sobre el margen disponible para mejorar las condiciones económicas de los funcionarios públicos se cruza con las prioridades de gasto en otras áreas del Estado.
En este escenario, la negociación entre la Mesa del Sector Público y el Ejecutivo será clave para definir no solo el reajuste de remuneraciones y bonos, sino también el alcance de las reformas en estabilidad laboral, jornada de trabajo y beneficios sociales que las organizaciones consideran impostergables.
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