Reforma al sistema de nombramiento de jueces se posterga
La reforma al sistema de nombramientos del Poder Judicial en Chile no será despachada durante el actual período legislativo y su debate quedará en manos del próximo Gobierno. Así lo confirmó la senadora de Renovación Nacional (RN) y presidenta de la comisión de Constitución del Senado, Paulina Núñez, quien reconoció que los plazos parlamentarios ya no permiten completar su tramitación.
La iniciativa, presentada por el Gobierno hace 14 meses, buscaba responder a la crisis que afecta al Poder Judicial mediante cambios estructurales en la designación de jueces y altas autoridades, a través de la creación de un Consejo de Nombramientos Judiciales. Sin embargo, la falta de definición sobre la integración de este órgano se convirtió en el principal obstáculo para su avance.
Consejo de Nombramientos, el nudo de la discusión
El proyecto contempla la conformación de un Consejo de Nombramientos llamado a reemplazar en gran medida el rol que actualmente cumplen la Corte Suprema y el Presidente de la República en la designación de magistrados. Este cambio apunta a modificar de manera profunda el modelo vigente, introduciendo nuevas reglas y equilibrios institucionales.
No obstante, hasta ahora no existe claridad suficiente sobre quiénes deberán integrar ese Consejo ni cómo se definirá su composición. Según han reconocido parlamentarios de la comisión de Constitución del Senado, esta indefinición ha trabado la discusión en el segundo trámite legislativo y ha impedido lograr un acuerdo amplio en los plazos disponibles.
La senadora Paulina Núñez señaló que, por la magnitud de la reforma y el poco tiempo legislativo restante —aproximadamente seis semanas—, el proyecto no alcanzará a convertirse en ley antes del término del actual período. La parlamentaria se comprometió a retomar el debate a partir de marzo del próximo año, ya bajo una nueva administración.
Tensiones entre la Cámara de Diputados y el Senado
El estancamiento de la reforma ha generado molestia en algunos sectores de la Cámara de Diputados. Desde ese poder del Estado se ha responsabilizado tanto a la oposición como al propio Senado de frenar cambios de fondo en el sistema judicial.
La diputada independiente-PPD Camila Musante recordó que, a su juicio, las modificaciones propuestas inicialmente por el Ejecutivo en el primer trámite resultaron insuficientes, calificándolas de “cosméticas”. Lamentó que no se haya avanzado hacia transformaciones estructurales que, según plantea, serían necesarias para mejorar el funcionamiento y la legitimidad del Poder Judicial.
Por su parte, la diputada del Frente Amplio y presidenta de la comisión de Constitución de la Cámara, Javiera Morales, emplazó a la derecha por no ceder en aspectos clave, como el rol del Senado en las designaciones o la fórmula para modificar los quórums requeridos. Estas diferencias han contribuido a tensionar la relación entre ambas cámaras en torno a la reforma.
Visiones desde el Senado y límites del tiempo político
Desde el Senado, el diagnóstico dominante apunta a la falta de tiempo político y técnico para cerrar un acuerdo. El senador del PPD, Pedro Araya, detalló que, dada la complejidad de la iniciativa, es poco probable que pueda ser aprobada en las semanas legislativas que restan.
Araya recordó además que el proyecto llegó al Senado con una falencia importante: la Cámara de Diputados despachó la iniciativa sin dejar zanjado quiénes integrarían la comisión o Consejo de Nombramientos de jueces. Ese vacío, según ha planteado, obliga a una discusión más extensa y detallada en el segundo trámite.
La comisión de Constitución del Senado ya aprobó el proyecto en general, pero aún falta su votación en la sala. Solo después de ese paso podría iniciarse la discusión en particular en la propia comisión, un proceso que, de acuerdo con los senadores, demandaría varias sesiones adicionales, más allá del calendario disponible.
Fondo del debate: independencia y riesgo de politización
El trasfondo de la controversia va más allá de los plazos. El debate sobre el nuevo sistema de nombramientos refleja tensiones entre distintas visiones respecto a cómo debe funcionar el Poder Judicial en un contexto de crisis de confianza institucional.
Por un lado, diversos sectores demandan mayor transparencia, independencia y mecanismos de rendición de cuentas en la designación de jueces y altas autoridades judiciales.
Para estos actores, la creación de un Consejo de Nombramientos podría contribuir a disminuir la influencia directa de la Corte Suprema y del Ejecutivo en los procesos de selección, introduciendo criterios más objetivos y procedimientos más claros.
Por otro lado, existen sectores que advierten el riesgo de que una mala configuración del nuevo órgano termine politizando aún más la designación de magistrados. En ese sentido, la definición de su integración —quiénes participan, con qué atribuciones y bajo qué contrapesos— se ha transformado en el punto más sensible y determinante para la viabilidad de la reforma.
Con el cierre del actual período legislativo a la vista y sin un consenso mínimo sobre estos aspectos centrales, la reforma queda congelada hasta el próximo Gobierno. Será la nueva administración, junto con el Congreso entrante, la que deberá decidir si retoma el proyecto en los términos actuales, si introduce cambios sustantivos o si impulsa una nueva fórmula para abordar la crisis y la modernización del sistema de nombramientos en el Poder Judicial.
Comentarios (0)